El acceso al agua es fundamental para el sector agroexportador. Si bien el Perú posee una importante riqueza hídrica —con el 95% de sus recursos concentrados en cuencas amazónicas, lo que lo posiciona como el octavo país con mayor disponibilidad de agua dulce en el mundo— esta abundancia no se traslada a la costa peruana, donde se concentra más del 70% de la producción agrícola destinada a la exportación. En estas zonas costeras, de clima árido, la demanda hídrica es alta, y la oferta es sumamente limitada. Actualmente, el Perú solo regula el 0.29% del caudal disponible en represas o embalses, una cifra significativamente inferior a la de países vecinos como Chile (0.5%) o Ecuador (2.6%).
La infraestructura hídrica en el Perú combina obras públicas —como presas, reservorios y canales— con infraestructuras privadas, entre ellas pozos y sistemas de riego tecnificado. Se estima que existen más de 700 represas, aunque solo se cuenta con información detallada de 273 de ellas. De estas, apenas el 34% se encuentra en buen estado, y solo el 15% dispone de sistemas adecuados de monitoreo, lo que evidencia un deterioro generalizado. Respecto a los reservorios, se han registrado cerca de 1,380 embalses, junto con aproximadamente 63,928 pozos en funcionamiento. En cuanto a canales de riego, existen más de 126 mil kilómetros, muchos de los cuales han sido afectados por fenómenos climáticos en los últimos años.
En el ámbito de la infraestructura privada, el sector agroexportador ha promovido el uso de sistemas de riego presurizado, como el goteo y la aspersión, especialmente en cultivos de alto valor. No obstante, se estima que solo el 20% de los cultivos utilizan riego tecnificado. Como resultado, la mayoría de la agricultura en el país continúa operando con una eficiencia hídrica baja (menor al 60%). Para sostener el crecimiento del sector, es fundamental ampliar el uso de tecnologías de riego; sin embargo, persisten incentivos que dificultan una adopción masiva.
Uno de los principales factores que desalientan la tecnificación del riego es el bajo costo del recurso hídrico en el Perú. Comparado con otros países, el agua es extraordinariamente barata. Las tarifas pagadas por las juntas de usuarios que emplean riego tradicional son prácticamente simbólicas, representando menos del 2% del costo real de producción. Se estima que entre el 70% y 80% de los usuarios acceden al agua casi gratuitamente. Aunque esto ha sido una ventaja competitiva para el modelo agroexportador —al permitir precios más atractivos—, también genera una externalidad negativa: la falta de incentivos para ahorrar agua, invertir en tecnologías de riego o financiar el mantenimiento de la infraestructura hídrica.
El uso de riego no tecnificado también expone a los cultivos a una mayor vulnerabilidad. Un ejemplo claro fueron las recientes crisis hídricas en la costa norte del país, que ocasionaron millonarias pérdidas agrícolas por falta de acceso al agua. Los más afectados fueron los productores del valle del Chira, quienes emplean riego por inundación, impactando cultivos como el limón, el arroz, el banano y el mango. En contraste, los productores de uva y arándano —principalmente grandes empresas con sistemas propios de riego tecnificado y reservorios— sufrieron impactos mínimos.
Sin embargo, no hay que considerar que la transformación a solo riego tecnificado sea una solución viable. Además de los evidentes costos extras que este trae, existen riesgos y consecuencias que también afectan la sostenibilidad. Por ejemplo, la disminución de agua que representa los métodos tecnificados puede ocasionar la disminución en el aporte otorgado a los humedales naturales, los acuíferos y la fauna dependiente del riego tradicional.
Además de estar mal manejados este tipo de métodos, es posible que se acumulen sales en la superficie al no tener el lavado continuo que tiene los riegos tradicionales. Un enfoque más integral estaría en el poder combinar ambos métodos mediante infraestructura hídrica de calidad, dependiendo de cada cultivo, e impulsar los grandes proyectos de riego masivo en el país.
En resumen, la ineficiencia y precariedad de la infraestructura hídrica representan un riesgo significativo en múltiples niveles. En ciertos escenarios, ello puede traducirse en mayores costos para el sector y en una elevada vulnerabilidad productiva. Por eso, la sostenibilidad hídrica no debe entenderse solo como un desafío ambiental, sino como un eje estratégico para garantizar la continuidad del auge agroexportador.
En el Perú se han identificado importantes iniciativas para mejorar la infraestructura hídrica, incluyendo 22 proyectos de irrigación que en conjunto representan una inversión estimada de US$ 24 mil millones. Con estas obras se espera generar un millón de hectáreas de nueva frontera agrícola, mejorar más de 270 mil hectáreas ya existentes y alcanzar los US$ 40,000 millones en agroexportaciones hacia el 2040. Más del 85% de esta inversión provendría de Asociaciones Público- Privadas (APP).
El proyecto más ambicioso es el Trasvase Marañón, con una inversión estimada de US$ 7,000 millones. Este busca trasladar agua del río Marañón hacia la costa norte del país, irrigando cerca de 300 mil hectáreas y beneficiando regiones como Lambayeque, La Libertad, Áncash, Cajamarca y Piura. Otros proyectos destacados son: Chinecas (US$ 3,500 millones), que generará 50 mil nuevas hectáreas y mejorará 33 mil en Áncash; Pampas Verdes (US$ 4,000 millones) en Ica y Arequipa, que irrigará 200 mil hectáreas y generará más de 600 megavatios de energía eléctrica; y la tercera etapa de Chavimochic (US$ 750 millones) en La Libertad, que potenciará más de 110 mil hectáreas en los valles de Chao, Virú, Moche y Chicama.
Aunque una inversión de US$ 24 mil millones puede parecer una cifra extremadamente elevada, es fundamental considerar los beneficios multidimensionales que conlleva. La agroexportación es uno de los sectores que más empleo formal genera en el país. De hecho, entre todos los sectores exportadores, es el principal generador de empleo, concentrando el 44% de los puestos laborales vinculados a la exportación, superando incluso al sector minero.
Actualmente, la agricultura emplea a más de 4 millones de personas, y solo el segmento destinado a la agroexportación genera más de 1.9 millones de empleos entre directos, indirectos e inducidos. De concretarse las inversiones proyectadas, estas cifras podrían duplicarse, mejorando significativamente las condiciones laborales de millones de trabajadores.
Asimismo, el impulso a las exportaciones y la mejora en la rentabilidad del sector atraerían nuevos fondos y actores, cada vez más grandes y formales. Esto no solo dinamizaría la economía rural, sino que también contribuiría a la generación de empleo digno y formal en todo el país.
Lograr destrabar estos proyectos no es imposible. Existen varios planes de los mencionados que han logrado hacerlo. Un claro ejemplo es Chavimochic III Etapa, fundamental para ampliar la frontera agrícola en La Libertad, estuvo paralizado desde el 2016 debido a problemas contractuales con la concesionaria Odebrecht, involucrada en casos de corrupción. Para destrabarlo, el Estado peruano resolvió el contrato en el 2020 y optó por ejecutarlo mediante la modalidad de Estado a Estado. En el 2023, se firmó un acuerdo con el Gobierno de Canadá para brindar asistencia técnica y garantizar transparencia en el proceso. Gracias a ello, en diciembre de ese año se adjudicó la obra, reactivando su construcción.
Este esfuerzo ha servido como referente para otros gobiernos regionales, que han comenzado a seguir el mismo camino con avances significativos. Un ejemplo destacado es el del Gobierno Regional de Arequipa, que logró destrabar el proyecto Majes Siguas II, paralizado durante varios años, al firmar en el 2022 un acuerdo con la concesionaria Angostura Siguas S.A. Esta renegociación permitió reactivar una obra clave para la región, con una inversión total de US$ 654 millones, orientada a convertir a Arequipa en un nuevo polo agroexportador del sur del país.
Otro caso representativo es el del Proyecto Chinecas, en la región Áncash, que ha enfrentado múltiples intentos fallidos de reactivación en las últimas décadas. En el 2024, el Gobierno Regional de Áncash suscribió un convenio con el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) para impulsar la adjudicación de tierras y viabilizar su ejecución. El relanzamiento del proyecto permitiría una gestión más eficiente del recurso hídrico de los ríos Santa, Nepeña y Casma, beneficiando directamente a miles de pequeños y medianos agricultores del norte peruano.
Estos nuevos proyectos prometen transformar el sector agroexportador y mejorar la eficiencia en el uso del agua. Sin embargo, alcanzar los objetivos de desarrollo sostenido no dependerá únicamente de continuar con las inversiones, sino también de ajustar los esquemas tarifarios para internalizar los costos reales del agua. De no hacerlo, persistirá una alta vulnerabilidad hídrica, como ya lo ha demostrado la naturaleza en los últimos años. Si el país logra superar estos retos, podría posicionarse como un proveedor agroexportador de mayor envergadura y menor riesgo, mejorando su competitividad mediante infraestructura moderna y un uso sostenible del recurso hídrico.
